Una de las noticias más destacables de la pasada semana fue la visita de Bill Gates a España, durante la cual aprovechó para firmar un acuerdo con el presidente de Universia, Emilio Botín, y la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés. A través del mismo, Microsoft dotará de una sala de acceso a Internet con 20 ordenadores a 300 universidades de España, Portugal y Latino América, buscando la potenciación y el desarrollo de la Sociedad de la Información en el ámbito universitario.

La conclusión más obvia de este acuerdo es que Microsoft quiere seguir aumentando su omnipresencia en todos los campos de la sociedad, incluida la Universidad, ámbito tradicionalmente dominado por los sistemas Unix (no en vano, Linux nació en una universidad finlandesa). Lo que quizás no es tan obvio es que buena parte del mundo universitario es, al fin y al cabo, de dependencia pública y, por tanto, se ve afectado por leyes como la LORTAD, en España, y normas similares en otros países. Estas leyes, grandes desconocidas para un buen número de ciudadanos, regulan y protegen el tratamiento automatizado de los datos sensibles de los residentes de un país, abogando por la máxima CLARIDAD en dichos procesos.

Precisamente, la claridad no es uno de los paradigmas perseguidos por la empresa de Bill Gates. De hecho, Microsoft ya se ha visto enfrentada a diversos países por su política de código propietario y fuentes cerradas. Los casos más sonados son los del intento de veto a la publicación de Windows 2000 en Alemania y al veto total formulado de momento por China a cualquier producto Microsoft. Sin entrar a analizar la situación política del país asiático, algo que esta fuera del objetivo de estas líneas, un sistema como el chino necesita de un férreo control de los flujos de informaciónen su país, algo imposible si no se puede auditar el software que se utiliza.

Apliquemos el caso chino a nuestra vida cotidiana. ¿Quién nos asegura que los sistemas Microsoft que tenemos en nuestras empresas, hogares y administraciones son “leales” al 100% y no tienen “puertas traseras” dejadas por el fabricante ni están filtrando información sensible a través de Internet? Por desgracia, aunque se han descubierto algunos casos, esto no es posible saberlo con total garantía con tener completo acceso al código fuente, algo que sí permiten sistemas abiertos como Linux o FreeBSD.

Es fundamental, por tanto, que toda la Administración Pública sea consciente del peligro que supone utilizar código cerrado sin tener algún tipo de garantía por parte del fabricante. Ante esto, sólo existen dos opciones: o bien se consigue que el fabricante libere su código al cliente para que este pueda auditarlo o bien se migra a un sistema abierto. Los datos de los ciudadanos y su tranquilidad están en juego.

Hasta la semana que viene.

Editorial publicada originalmente en el Boletín de Noticias Linux nº 15 (2ª época) el 12 de diciembre de 2001.