En las últimas semanas hemos visto se hacían públicas importantes noticias sobre el apoyo que Linux y el software libre estaba empezando a recibir por parte de la administración pública de diversos paises, como el caso del proyecto de ley en Perú o la reciente propuesta de la asociación española Hispalinux al gobierno hispano. Muchas de estas noticias han tenido cobertura en ediciones anteriores de este Boletín, incluso han sido comentadas en la editorial. Sin embargo, aún no hemos tratado el que probablemente sea el aspecto más importante del asunto: las motivaciones de los gobiernos para utilizar software libre exclusivamente.

Probablemente el motivo más importante sea el de la seguridad de los datos de los ciudadanos. La salvaguarda de esta información sensible es la contrapartida que cada país debe a sus habitantes a cambio de la obligación de éstos de proveer estos datos a su administración pública. El uso de software propietario y cerrado impide a los gobiernos el poder realizar las auditorías pertinentes para asegurar que la información no se “escapa” por puertas traseras, ya sean premeditadas o no, y no puede basarse únicamente en las declaraciones de buena voluntad de los fabricantes para ofrecer una mínima confianza a los ciudadanos.

Por ello, el software libre, al distribuirse con su código fuente, ofrece una oportunidad inmejorable para garantizar al 100% la seguridad y la confidencialidad de los datos de los habitantes del país. En España, por ejemplo, ésta sería la única opción para cumplir estrictamente las normas de la LORTAD, la ley de protección de datos española.

Existen otros motivos, bien conocidos por nuestros lectores, para que el software libre triunfe en la administración pública, como el ahorro en costes de adquisición, la posibilidad de adaptar y mejorar los programas utilizados, la facilidad para arreglar eventuales fallos, la constante evolución del software libre o la evidente estabilidad y robustez de estos entornos. Todo esto implica un mejor aprovechamiento de los impuestos recaudados y la protección de la inversión realizada.

Y, por supuesto, el que un país decida utilizar exclusivamente software libre en su administración pública no supone un menoscabo en la competencia leal entre empresas (como algunos, mal informados sobre el software libre, ya se han apresurado a afirmar), sino que sólo define un nuevo campo de juego en el que todas tienen las mismas oportunidades, tal y como ocurre en cualquier contratación pública. ¿Podría llevar esto a Microsoft a publicar su propio Linux o FreeBSD? Tal y como pintan las cosas en Perú (y en breve en otros paises), no tendrá más remedio si quiere seguir trabajando con estos gobiernos.

Bueno, bonito y barato. ¿Qué administración pública se puede resistir al software libre? Hasta la semana que viene.

Editorial publicada originalmente en el Boletín de Noticias Linux nº 33 (2ª época) el 28 de mayo de 2002.