Hace unos días nos sorprendió el anuncio en diversos medios de comunicación del anuncio por parte del gobierno español de las nuevas medidas a tomar antes del mes de Julio como impulso a la Sociedad de la Información. Y decimos nos sorprendió porque entre las medidas contempladas se incluye la tarificación por flujo de datos frente a las conexiones permanentes de tarifas planas, ya que según sus responsables “la banda ancha conlleva el riesgo de colapsar redes por el elevado tránsito”, refiriéndose concretamente a las redes de intercambio de archivos “punto a punto”. En ese sentido, se abogaría por soluciones que utilicen la tarificación por flujo de datos, de forma que aquellos internautas a los que se detecte un flujo de datos “brutal”, tendrían “presumiblemente” que pagar derechos de propiedad intelectual.

Sin entrar a evaluar si realmente medidas como ésta potencian la popularización del uso de las TIC entre los ciudadanos de a pie o si en cambio suponen un atraso más a añadir a la nefasta historia de las telecomunicaciones en España, lo que está claro es que los técnicos responsables de estudiar la situación real española en estas cuestiones para así elaborar un plan adecuado o bien no están lo suficientemente formados para la tarea o bien no saben llevar a cabo tal estudio. ¿Es que realmente piensan que el “colapso de las redes” se debe al uso “masivo” de las redes de intercambio (protocolos muy optimizados en el uso del ancho de banda disponible, por cierto) en vez de a las deficientes infraestructuras de comunicaciones del país? ¿Han contemplado que una tarificación en base a flujo de datos penalizaría no sólo a estos usuarios sino a también todos aquellos que hagan un uso intenso de Internet “dentro de la legalidad”, como la conexión mediante redes privadas virtuales (VPN) de sus oficinas o la descarga de imágenes de CDs de Linux? ¿Cómo van a cuantificar el “uso brutal” del ancho de banda?

A los que defendemos el uso del Software Libre nos espanta esta nueva posibilidad, ya que equivale a eliminar de raíz una de las formas más económicas de obtener aplicaciones, parches y documentos para nuestros sistemas libres y, por tanto, frenar el impulso que Linux y compañía estaban teniendo en nuestro país en los últimos meses, amén de otras “víctimas”, como el comercio electrónico o la formación virtual a distancia. Lo más curioso del caso es que también se penaliza a las empresas de software comercial, que no van a poder ofrecer parches para sus productos de forma “on-line”. ¿Qué administrador de sistemas va a “parchear” su red local de escritorios Windows a través de su conexión a Internet compartida sabiendo que eso le va a costar más que si le pide un CD directamente a Microsoft? Da la impresión de que los únicos beneficiados serían los defensores de la propiedad intelectual de productos audio y video, a costa del perjuicio de otros que no tienen la menor culpa. Curioso, ¿verdad?

Los internautas no se han quedado con las manos cruzadas y ya están organizando diversas actuaciones para intentar frenar este nuevo despropóstito, como esta página web de recogida de firmas para protestar “on-line”, que además ofrece toda la información sobre el “famoso” plan (http://www.petitiononline.com/planinet/petition.html).

Hasta la semana que viene.

Editorial publicada originalmente en el Boletín de Noticias Linux nº 75 (2ª época) el 2 de junio de 2003.